El principal reto de la implementación de la igualdad de género y la inclusión social en la justicia penal y en sus instituciones
¿Cómo podemos asegurar que la justicia sea realmente igualitaria y justa para todos?
Nos adentraremos en la complejidad de implementar la igualdad de género y de inclusión social en el sistema de justicia penal en México. Presentaremos algunos de los desafíos fundamentales que enfrentan las instituciones de justicia para garantizar una respuesta efectiva para la población, en condiciones de igualdad.
Desafíos en la justicia penal:
La discriminación de género en la aplicación de la ley es un problema persistente que afecta el derecho a la igualdad y no discriminación en nuestro sistema judicial. Para abordar este y otros desafíos, es necesario capacitar en perspectiva de género e inclusión social a las personas juzgadoras, fiscales y policías. Implementar protocolos de atención a víctimas con perspectiva de género e inclusión social y promover medidas de justicia restaurativa y transformadora son pasos fundamentales para garantizar una justicia en condiciones de igualdad.
La justicia igualitaria e inclusiva no solo es un derecho humano fundamental, sino que también es esencial para construir sociedades pacíficas y prósperas. Al garantizar una aplicación imparcial de la ley y proteger los derechos de las personas que buscan justicia, contribuimos al fortalecimiento del estado de derecho y al bienestar de nuestra comunidad.
Capacitación y sensibilización del personal
Uno de los principales retos es la falta de capacitación adecuada y sensibilización del personal en la Fiscalía sobre temas de igualdad género e inclusión social. Muchas personas funcionarias aún carecen de la formación necesaria para manejar casos con una perspectiva de género y no discriminación. Esto puede llevar a una revictimización de las personas que acuden a la Fiscalía en busca de justicia, especialmente en casos de violencia de género, violencia motivada por prejuicios u odio, y a la perpetuación de estereotipos y prejuicios en el tratamiento de los casos.
¿Cómo lo pudiéramos superar?
Sin dejar de lado la importancia de implementar programas de capacitación continua y obligatoria para todo el personal de la Fiscalía, enfocándose en la perspectiva de género y la inclusión social. Es importante el desarrollo de acciones dirigidas a la cultura organizacional, que atiendan a las creencias, símbolos y prejuicios que funcionan como libretos cognitivos en el personal público, y que inciden en el tratamiento de los casos.
Infraestructura y recursos adecuados
La falta de infraestructura y recursos adecuados para atender a víctimas de violencia de género y otros grupos vulnerables es otro desafío significativo. Muchas Fiscalías no cuentan con espacios seguros y accesibles, ni con los recursos materiales y humanos necesarios para brindar una atención adecuada. Esto puede disuadir a las víctimas de denunciar los delitos y buscar justicia, perpetuando la impunidad y la falta de confianza en el sistema de justicia.
¿cómo lo pudiéramos superar?
Si bien es ideal aumentar la inversión en infraestructura y recursos destinados a las Fiscalías para la atención de personas en condiciones de vulnerabilidad; mientras esto ocurre, es importante promover medidas alternativas para apoyar a las personas con movilidad limitada para recibir su denuncia en espacios accesibles, acondicionar un espacio con mayor privacidad para recibir denuncias y atender a personas en determinadas condiciones, contar con impresiones provisionales con información útil sobre sus derechos, elaborar guías de actuación para el personal que no cuenta con capacitación especializada, entre otros.
Implementación y monitoreo de protocolos con perspectiva de género
Aunque existen protocolos y normativas que incorporan la perspectiva de género, de derechos humanos y de inclusión soial, su implementación y monitoreo efectivo sigue siendo un reto. Muchas veces, estos protocolos no se aplican de manera consistente o se desconocen por parte del personal. La falta de aplicación uniforme de estos protocolos puede resultar en una atención desigual y deficiente a las víctimas, así como en la falta de sanciones adecuadas para los delitos que afectan a las personas en situación de vulnerabilidad.
¿cómo lo pudiéramos superar?
Establecer mecanismos de supervisión y rendición de cuentas para asegurar la implementación efectiva de los protocolos. Esto incluye la creación de unidades especializadas dentro de la Fiscalía encargadas de monitorear el cumplimiento de estos protocolos y la realización de auditorías periódicas para evaluar su aplicación. Más importante aún, será promover espacios recurrentes para que las personas usuarias, puedan presentar sus necesidades y preocupaciones sobre la atención y soluciones que han recibido en sus casos
